Hace años que Cáritas sostiene su voz respecto a la vulneración del Derecho a la Vivienda adecuada en nuestro Estado. Y así nos lo comparte muy ‘clarito’ hoy Sonia Olea Ferreras (Madrid, 1966) que es miembro del equipo de Incidencia de Cáritas Española y cuenta con amplios conocimientos en Derechos Humanos, Vivienda y Criminalización de la pobreza.

Sonia, participa también en el grupo de Housing Rights Watch de Feantsa Europa: organización no gubernamental para prevenir y aliviar la pobreza y la exclusión social de las personas amenazadas por la falta de o sin vivienda.

La jurista del Grupo de Apoyo Jurídico de Cáritas Española nos realiza un profundo análisis de las diferentes realidades que viven las personas y las familias, en relación, a la actual situación de la vivienda. Habla muy rápido, pero se le entiende perfectamente.

¿La pandemia y la vivienda están teniendo una convivencia complicada, especialmente para algunos colectivos?

Actualmente, la manera más fácil de evitar enfermar es quedarse en casa, y ha quedado evidenciado estos meses que hay muchísimas personas que no lo pueden hacer. Fundamentalmente porque no tienen casa, o bien porque la situación que están padeciendo en el lugar donde viven, no les permite vivir dignamente, como en los asentamientos.

Los desalojos forzosos han seguido durante muchos meses si la situación de exclusión-vulnerabilidad era previa a la declaración del Estado de Alarma. Durante el confinamiento se cerraron los tribunales y se suspendieron ‘de facto’, pero no porque se pusiera en marcha una normativa al respecto para todos los casos. Cuando en junio los juzgados reanudaron su labor, regresaron muchos desahucios.

Finalmente, y desde luego, debido a la presión de las personas afectadas y entidades sociales como Cáritas, desde diciembre y hasta mayo (que finaliza el actual Estado de Alarma) si una persona o familia está en situación de exclusión, puede solicitar ante el tribunal la suspensión del desahucio. Esta medida la han venido pidiendo también desde varios espacios de Naciones Unidas para todos sus países miembro y han sido varios los que la han tomado. Como dijo Leilani Farha, anterior relatora para una vivienda adecuada, “la vivienda es la primera defensa contra el Covid”.

En la situación actual ¿cuál es la política de Caritas a la hora de ayudar a los colectivos, los hogares, las personas…?

¡Como lo hemos hecho siempre! La persona se encuentra en el centro de nuestra atención, y la vulneración de sus derechos humanos, también. En este caso, el derecho humano a la vivienda adecuada. A partir de ahí realizamos diferentes tipos de acompañamiento a las personas que se encuentran en situaciones de calle, en infravivienda, vivienda insegura, etc. Desde la intervención social, jurídica, psicológica…

Por otro lado, contamos con un apoyo muy importante: la sistematización de la realidad. La rigurosa recogida de información que realiza Caritas y su Fundación FOESSA. Para nosotras/os es muy importante saber qué y por qué están sucediendo las diferentes situaciones.

Otro elemento, a destacar, es la sensibilización. Dar a conocer a la sociedad lo que está sucediendo y concienciarle ante lo que supone la vulneración. Y por supuesto, estamos trabajando mucho en la incidencia política; en las propuestas concretas de cambios normativos y en el diseño de una política pública de vivienda con enfoque de Derechos Humanos.

Estamos muy pendientes para que las personas y familias que acompaña Caritas, personas que, como dice el Papa Francisco, son “de fragilidad absoluta”, tengan acceso y garantía a ese derecho humano como es la vivienda digna.

¿Cuál está siendo la ‘construcción’ de las políticas públicas, en relación, a la vivienda?

Actualmente, la vivienda es uno de los temas más importantes en el ámbito de las políticas públicas. Estamos viendo que se están haciendo grandes esfuerzos para que las personas puedan disfrutar de una vivienda adecuada.

Se han dado pasos. Hay muchísima normativa que ha facilitado, por ejemplo, la renovación de los alquileres hasta que finalice el estado de alarma. Por el contrario, los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas no disponen de viviendas para poder asumir situaciones de calle, desalojo, infravivienda, chabolismo… Hay una gran carencia de viviendas sociales.

Partimos de un enorme déficit, la vivienda nunca ha sido considerada un derecho sino un medio de progreso económico y de ganancia mercantil. Retrotraernos ahora a los niveles de vivienda pública y social que tiene el resto de Europa, va a costar muchísimo. Caritas Española, en las pasadas elecciones, y dentro de sus propuestas políticas, le pidió al futuro gobierno que impulsara políticas públicas de recuperación de vivienda y la garantía de permanencia en su condición jurídica de vivienda pública.

Cortes en el suministro de luz, la calefacción… ¿Estás palabras están actualmente al orden del día?

Cuando hablamos en Caritas sobre qué es una vivienda adecuada, para nosotras/os, uno de los apartados esenciales es el acceso al derecho a la energía (electricidad y gas), al derecho al agua y el derecho a internet. Son dimensiones esenciales de la misma.

Alquileres accesibles, vivienda pública social… ¿Cuál es la apuesta de Caritas ante un derecho como es la vivienda?

Caritas, en primer lugar, viene reclamando que se apliquen los estándares internacionales sobre la vivienda que contiene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificado por el Estado español; en especial el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se señala en su Observación General nº 7 que no se puede desalojar a nadie acreditando su vulnerabilidad, si no hay un alojamiento alternativo.

En segundo lugar, la otra gran propuesta que ha realizado Caritas es que haya una recuperación de parque público de vivienda y específicamente, se destine una parte importante de vivienda social a personas en situación de exclusión y vulnerabilidad.