El 51% de los hogares acompañados por Caritas en 2024 tenía miembros menores de edad.
El empadronamiento es el requisito mínimo para poder acceder a cualquier derecho social.
Amina llegó a Gipuzkoa hace tres años. Estaba embarazada de su primera hija. Huyó de Siria buscando seguridad, estabilidad y un entorno en paz donde formar su familia. En su país había trabajado como secretaria, para lo que se había formado, pero el conflicto lo desdibujó todo. Emigrar embarazada fue una decisión tan dura como inevitable.
Desde entonces, Amina vive en Lasarte, en una habitación junto a sus dos hijos: Yasmin, de tres años, y Ekhi, un bebé de apenas ocho meses. El nombre le encantó porque evoca al sol, a la luz que busca; y también a oriente, a Siria, donde dejó a dos hermanos y a su madre.
Amina paga 400 euros mensuales de alquiler. En el piso, conviven con un matrimonio de origen colombiano y con un chico árabe que llegó la semana pasada. Ninguno cuenta con contrato de alquiler y les han advertido de que no pueden empadronarse en la vivienda.
Esto lo condiciona todo: sin padrón, Amina no puede acceder al sistema de protección pública donde podría acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, o incluso a un alquiler social ya que tiene menores a su cuidado. Amina trabaja por horas, sin contrato; e incluso en ocasiones se ve obligada a acudir con Ekhi.
En la Caritas parroquial de Lasarte, Amina ha encontrado un espacio seguro. Allí siente que puede hablar, decir en voz alta sus miedos y expresar sus sueños. Además de recibir orientación y soporte, las voluntarias de Caritas le han ofrecido una ayuda económica que le sirve para hacer frente al alquiler y los gastos de alimentación. También le han dicho que cuando cumpla los tres años aquí (en apenas dos meses), podrán ayudarle a preparar la documentación necesaria para solicitar el permiso de residencia por arraigo, con el fin de poder trabajar de forma regular. Aunque será más difícil demostrar el arraigo sin contrato de alquiler ni empadronamiento.
A las dificultades de acceso a la vivienda, entre ellos, la subida de los precios del alquiler se suman la precariedad laboral, los prejuicios sociales y las barreras administrativas. El resultado es una exclusión crónica, silenciosa. Hay días en que Amina no puede dormir pensando en que podría quedarse en la calle con sus dos hijos.
Amina no sabe aún hacia dónde dirigir su futuro. No sabe cuándo podrá acceder a una vivienda digna ni cómo logrará ingresos suficientes para mantenerla. Porque la vivienda no es solo un espacio físico: es el pilar que sostiene todo lo demás. Y sin él, reconstruir la vida es una tarea imposible.
En Gipuzkoa, cientos de personas viven en habitaciones alquiladas sin contrato, sin padrón y sin acceso a derechos básicos. Esta situación provoca una invisibilidad administrativa que tiene consecuencias muy concretas, ya que es el requisito mínimo para acceder a cualquier derecho social.
De hecho, sin padrón, no es posible:
- Solicitar la RGI, el Ingreso Mínimo Vital ni otras prestaciones municipales.
- Acceder al sistema sanitario público de manera regularizada.
- Solicitar una escolarización completa y estable para los hijos e hijas.
- Iniciar trámites de regularización por arraigo social (que exige demostrar al menos 3 años de residencia continuada en España).
En Euskadi, la propia Ley 2/2016 de Instituciones Locales establece la obligación de empadronar a todas las personas que residen en un municipio, independientemente de la legalidad urbanística de la vivienda. (art. 61.2). Esta disposición busca garantizar el acceso universal a los derechos sociales básicos, reconociendo que el padrón es el umbral mínimo desde el que se ejerce la ciudadanía.
Sin embargo, en la práctica, muchas familias no logran empadronarse porque viven en habitaciones subarrendadas, sin contrato, en pisos compartidos o en viviendas cedidas de manera informal.
Con frecuencia, las personas titulares del contrato principal se niegan a empadronarlas por temor a sanciones administrativas, repercusiones fiscales o conflictos con la propiedad. Esta realidad ha sido denunciada reiteradamente por el Ararteko quien ha subrayado que la negativa al empadronamiento vulnera derechos fundamentales y refuerza situaciones de exclusión (Ararteko, Informe anual 2021, pp. 248–250).
Esta exclusión administrativa genera situaciones especialmente graves. En algunos contextos, el padrón se ha convertido incluso en una “mercancía” que se compra a precios desorbitados: entre 100 y 400 euros por persona al año, según denuncias de entidades sociales. Es una práctica ilegal, pero también un síntoma de cómo el sistema empuja a las personas a situaciones de abuso para poder acceder a sus derechos más básicos.
El mercado sumergido de alquiler merece una atención especial ya que constituye, no sólo un fraude fiscal, sino que también propicia situaciones de hacinamiento y vulnera las condiciones mínimas de habitabilidad, intimidad y estabilidad necesarias para desarrollar un proyecto vital digno.
Papa Francisco, publicación ‘La esperanza no defrauda nunca’, 2024.
Algunos datos sobre la situación de la vivienda
Según los últimos informes del Observatorio Vasco de la Vivienda, la renta media en la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV) a finales de 2023 se situó en 739,5 euros mensuales, siendo más alta en las capitales en concreto en Donostia: 981,9 €.
Las personas que demandan vivienda en alquiler destinan, de media, el 45% de sus ingresos familiares al pago de la renta, que ronda los 690 euros mensuales3. Este porcentaje supera ampliamente el umbral recomendado internacionalmente (30%).
Entre enero de 2023 y junio de 2024, el número de personas inscritas en Etxebide (registro de demandantes de vivienda pública en alquiler) aumentó un 46%, con 26.000 nuevas inscripciones, lo que refleja el fuerte tensionamiento del mercado de alquiler.
Caritas Gipuzkoa con las familias en situación social precaria y en riesgo de exclusión residencial
En Caritas Gipuzkoa, nos preocupa especialmente la situación de las familias con menores a su cuidado que viven al límite, en riesgo de exclusión residencial. En 2024, el 51 % de los hogares acompañados incluía a niñas, niños o adolescentes, y 4 de cada 10 eran madres solas al frente de la crianza. Estas situaciones no son excepcionales: son el reflejo de un modelo social que deja a muchas familias sin las condiciones básicas para sostener una vida digna.
Nuestra red de 76 caritas parroquiales —presente en todos los rincones de Gipuzkoa— es la primera puerta de entrada. Allí se escucha, se acoge y se acompaña desde la cercanía. A través de esta red y del programa Bidelagun, en 2024 se destinaron más de dos millones de euros en ayudas directas a cubrir necesidades básicas en relacionadas con los gastos de vivienda. Solo en este ámbito, se apoyó a más de 3.600 personas para afrontar alquileres, suministros, etc.
Estas respuestas nacen de una constatación clara: cada vez más familias con hijos e hijas se ven empujadas a vivir en habitaciones realquiladas, en viviendas sin condiciones, o incluso en riesgo de estar en la calle. Y cada vez más, sostener un hogar es una lucha diaria. Por eso, desarrollar políticas públicas suficientes, actuar desde lo comunitario, acompañar desde la cercanía y asegurar condiciones mínimas de dignidad no es solo urgente: es imprescindible.
¿Qué proponemos a las administraciones públicas?
El empadronamiento es la puerta de acceso a derechos fundamentales como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. La exigencia de contrato de alquiler o propiedad supone una barrera injustificada para las personas en situación de exclusión. Por ello: que se permita el empadronamiento sin contrato de alquiler o propiedad, aceptando otros documentos o declaraciones que acrediten la residencia de hecho. Establecer procedimientos ágiles y accesibles, con apoyo de los servicios sociales y mediadores comunitarios, para evitar obstáculos administrativos. Formar al personal municipal para identificar y atender las necesidades específicas de las personas migrantes y en riesgo de exclusión.
Cumplir y hacer cumplir la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (art. 61.2), que obliga a empadronar a todas las personas residentes en el municipio, independientemente de la legalidad urbanística de la vivienda. Eliminar trabas burocráticas y prácticas restrictivas que impiden el empadronamiento de personas en situaciones precarias (habitaciones realquiladas, viviendas informales, etc.). Aplicar las recomendaciones del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco), que subraya que negar el empadronamiento vulnera derechos fundamentales y refuerza la exclusión social.
El déficit de vivienda social en alquiler es una de las principales causas de exclusión residencial. Según datos de Eurostat, España está muy por debajo de la media europea en vivienda social. Ampliar el parque público permite ofrecer alternativas asequibles a familias en situación de vulnerabilidad y reducir la presión sobre el mercado privado, donde los precios son prohibitivos para muchos hogares. Incrementar la oferta de vivienda social es una medida estructural que garantiza el derecho a la vivienda, previene la segregación y la cronificación de la exclusión, y facilita la integración de familias migrantes y otros colectivos vulnerables.
Incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, priorizando el acceso de familias con menores, personas en riesgo de exclusión y migrantes. Facilitar el acceso a ayudas al alquiler y prestaciones sociales, adaptando los requisitos a la realidad de quienes viven en habitaciones o viviendas informales. Impulsar programas de vivienda puente y soluciones habitacionales de emergencia para quienes se ven forzados a vivir en condiciones indignas. Proteger especialmente a las familias con menores y personas en situación de especial vulnerabilidad. Garantizar el acceso prioritario a recursos sociales, educativos y de salud a las familias con menores, independientemente de su situación administrativa. Asegurar que ninguna familia con menores quede sin alternativas habitacionales dignas.
Y a la sociedad: ¿Qué puedes hacer tú?
Ten una actitud abierta, trata de dejar a un lado tus prejuicios. Conviértete en red de apoyo para familias o personas que no tiene cerca su entorno familiar. Las redes de apoyo comunitario son clave para la integración de cualquier familia pero, sobre todo, las familias migrantes, especialmente cuando carecen de entorno familiar cercano. El acompañamiento y la solidaridad ayudan a superar barreras idiomáticas, culturales y administrativas, y fomentan la cohesión social.
Reclama políticas que promuevan el alquiler social. Todas las personas necesitamos un hogar donde sentirnos seguras, crecer y construir futuro. Si alquilas una vivienda, hazlo con contrato y permite el empadronamiento: pequeños gestos que abren grandes puertas. También puedes informarte sobre programas de alquiler social o colaborar con entidades que garantizan condiciones justas para ambas partes. Como sociedad, tenemos el reto de promover políticas que prioricen el derecho a una vivienda digna.
Denuncia las injusticias, la discriminación por motivos raciales o socioeconómicos. No permitas conversaciones que estigmaticen y segreguen. Educa y practica la acogida. Apóyanos. Haz voluntariado. La discriminación y los prejuicios dificultan la integración y perpetúan la exclusión. Denunciar injusticias y promover la acogida activa son acciones necesarias para construir una sociedad más justa e inclusiva.
